Del temor y la conciencia: La justicia en Venezuela como una herida abierta.

Marcos Coello tiene dieciocho años y es estudiante de bachillerato. Según cuenta Roberto Mata en su estupenda crónica sobre lo que Marcos vivió el día de su detención - y que puedes leer aquí - fue torturado, presionado para firmar una confesión sobre crimenes que no cometió y finalmente, confinado a una detención sin audiencia durante casi tres meses. Actualmente, Marcos sufre de shock post traumático y toda una serie de padecimientos psiquiatricos debido a la experiencia que sufrió por parte de los funcionarios de seguridad publica que lo detuvieron.


Christian Holdack, tiene treinta y cuatro años de edad, estudia segundo semestre en el Centro de Diseño Digital de Caracas. También se encuentra detenido, luego de recibir una paliza por parte de los policias que lo detuvieron. Después, fue detenido y confinado a reclusión sin otra prueba que encontrarse en el lugar donde se llevaba a cabo una manifestación callejera el día doce febrero. Cuando se le pregunta como afronta lo que vive, Christian solo atina a expresar angustia “Lo que siento es frustración. Siento que de parte del gobierno no le están dando la atención debida a las denuncias que hemos hecho”, dice en una entrevista publicada por el periódico El Nacional recientemente.

Durante la madrugada del día de ayer y en una decisión que a la juez Adriana Lopez le tomó casi cuatro días tomar, se ordenó el enjuiciamiento de Marco Coello y Christian Holdack por su presunta autoría en los delitos de instigación pública, incendio, daños y agavillamiento (asociación ilícita). Ninguno de los cargos fue probado por el Ministerio Público Venezolano. Ambos jóvenes continuarán recluidos en las instalaciones de la polícia Municipal de Chacao. Al momento de dar su veredicto, la jueza pidió "calma" y además, insistió en que se cumplía "el debido proceso".


Leí la noticia hoy al despertar, junto con la predecible sentencia judicial que condena a Leopoldo Lopez a continuar en la cárcel de Ramo Verde y enfrentar un juicio por algunos cargos difusos que insisten en su "plan" para tomar el poder por la fuerza. Durante casi nueve horas, me mantuve atenta a lo podría o no ocurrir con el futuro de Marcos y Christian. Porque aunque no los conozco, forman parte de esa letania de inquietud y desconsuelo que todos los Venezolanos llevamos a cuestas. Cuentas de un rosario de dolores que el país se acostumbró a sostener como inevitable. Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando de nuevo comprobé hasta que punto el país donde crecí se convirtió en un grieta histórica insalvable, una circunstancia ideológica donde cualquier aspiración de justicia, probidad y equilibrio debe atravesar el inevitable filtro de la diatriba, el beneficio político y la necesidad de un Gobierno corrompido de demostrar la fortaleza de su puño de hierro. Un país sin rostro, con el gentilicio transformado en una idea insostenible de una crisis cada vez más esencial.

En la panadería donde desayuno, la noticia se repite en voz baja. Todo el que lo comenta, parece insistir en que el destino jurídico de Marcos y Christian está unido y de manera casi inevitable, con el del líder político Leopoldo Lopez. Hay una sensación de desánimo generalizado, de aceptación resignada de lo que ocurre. Un anciano de bastón, sacude la cabeza cuando alguien insiste que "aquí va a haber un peo".

- Aquí no va a pasar nada - dice. En voz alta, para que a nadie le quede duda que lo dice con el desparpajo de sus años de experiencia - aquí ese muchacho se va a quedar presos, y los estudiantes también, hasta que el gobierno le de la gana o que le parezca ya no beneficia a nadie tenerlos presos. La justicia en este país se mueve en puertas cerradas, no en un escritorio.

La imagen me da escalofríos. Cuando era estudiante de derecho, escuché frases parecidas muchas veces. En los juzgados, en las oficinas, junto a funcionarios que bien pronto trataron de inculcarme que la ley en Venezuela no es lo que lo que dicta la norma, sino la chequera. Recuerdo que en una ocasión, un viejo abogado del antiguo edificio de tribunales, me dejó muy claro que aspirar a la justicia en Venezuela es la peor trampa de todas. "La ley la hace el que roba, y el que sufre con la mano en el bolsillo, lo acepta", me dijo, en su pequeña y polvorienta oficina, entregándome un fajo de carpetas llenas de expedientes. Los que podían pagar su libertad. Los que tenían como mover los hilos del viejo mecanismo de la ley venezolana. Los demás, seguían más allá, en el revoltillo de papeles de los archivos, cientos de nombres condenados a padecer al país al margen de lo legal, el país de las cárceles violentas, el país del silencio y la saña judicial. Suspiré, agotada y abrumada. El viejo abogado se encogió de hombros "Así es Venezuela".

- ¿Pero la gente de este país está dormida acaso? - reclama alguien, en la Venezuela inmediata. En la del grupo de ciudadanos pálidos de cansancio que se ignoran unos a otros. El anciano del bastón sacude la cabeza.

- No esta dormida, le importa tres carajos lo que pase. Aquí la crisis se entiende por cuanto te afecte, y mientras no te quite el pan de la boca, no importa.

Las palabras me golpean mientras camino por la calle. La ciudad tiene un aspecto de normalidad que te paraliza, te abruma, te agobia. Porque mientras Christian y Marcos deben padecer los rigores de la justicia que premia la lealtad y que desconoce la probidad, en Caracas todo transcurre en una ilusión de normalidad que te hace cuestionarte no sólo las ideas que sostienen a un país anónimo, sino incluso esa visión esencial del nación que ahora mismo, carece de sentido. La resignación de quien ya no espera nada o por el contrario, quien simplemente acepta al país roto como un herencia histórica inevitable.

A medida que la mañana avanza, compruebo que en Venezuela la noción de justicia es inexistente. Escucho discusiones, la insistencia de asumir como inevitable la agresión legal. Incluso hay quien justifica lo ocurrido, como el hombre que me escuchó lamentarme por lo que padecen Marcos y Christian en una librería y de inmediato, me reclamó mi falta de "conciencia nacional".

- La justicia no se atiene a ninguna ideología - le explico. ¿Cuantas veces he dicho algo semejante en los últimos años? ¿Cuantas veces he intentado hacerle comprender a los fanáticos de un país radicalizado que la ley debe ser el punto medio entre la discusión política y la necesidad de ecuanimidad - la ley es un principio que brinda la misma protección a todos los ciudadanos.

- ¡Son ápatridas! - me insiste. De nuevo, el argumento del nacionalismo como justificación. La insistencia en esa identificación sin sentido entre el hombre que gobierna y el país real - Son gente que conspiró...

- ¿Qué es conspirar? - pregunto en voz alta. Comienzo a irritarme. Y es que quizás no es tan fácil ya debatir un tema semejante, recordando el rostro de Marcos Coello, como lo he visto en las fotografías. Un muchacho robusto y sano, que sonríe con timidez. Un joven Venezolano que protestó para expresar su opinión. O el de Christian Holdack, pálido y cansado, entre rejas. E incluso, las de Leopoldo Lopez, tenso y preocupado, siendo empujado por un grupo de funcionarios judiciales. Todos Venezolanos, todos merecedores de al menos la posibilidad de justicia, de la certeza que podrán aspirar a la objetividad de una sentencia judicial. Pero en Venezuela, esa posibilidad debe atravesar cientos de pequeños escaños, de argumentos y discusiones parciales. Y es que en Venezuela la justicia se transformó en otra cosa, en una lucha de opiniones, en una diatriba donde el poder tiene la última palabra.

- Conspirar es intentar embonchichar el país. Es salir a la calle a quemar cosas porque no les gusta lo que pasa en el país. Si fueron ellos o no, no es el problema. Pero pasó y alguien tiene que pagar - me contesta. Lo dice con una convicción casi inocente, tan cerca de la fe religiosa que me abruma. Porque este hombre, tan venezolano como los reos de conciencia que padecen el rigor del puño de hierro del poder, tan vulnerable como cualquiera de nosotros a la ley que se empuña como arma, defiende al Gobierno con un encono cercano a la histeria. Lo hace asumiendo que siempre estará protegido por la ideología, por la justificación. Lo hace, creyéndose participe de un poder que le favorecerá, que premia su lealtad. Pero ¿Qué ocurrirá cuando pierda su utilidad como pieza del juego político, como elector o simple apoyo incondicional de un sistema político que parece basarse en el radicalismo? ¿Qué ocurrirá cuando su ferviente defensa no lo proteja de un Gobierno que empuña la ley a conveniencia?

- ¿Que ocurrirá cuando el Gobierno decida que tu opinión también es ilegal? - le digo. A mi alrededor, un grupo de clientes nos mira entre incómodos e interesados. Alguien susurra en voz baja "de la política no te escapas" y un hombre de traje me dedica una mirada cansada, casi como si mi insistencia en el tema fuera poco menos que absurda. Y quizás lo es, en la medida que en Venezuela, asumimos que esta anormalidad absoluta es una forma de comprender el país. Como si los desmanes, agresiones, los abusos fueran parte de un panorama inevitable. Muy probablemente por eso insisto, de nuevo, en mi discusión, en los puntos de vista que defiendo como puedo, incluso en esa pequeña palestra de un lugar cualquiera, de la Caracas desganada. No me resigno a esta simple aceptación del país sin  ley, en donde la voluntad del poder parece ser la única idea plausible, comprensible y aceptable.

Miro de nuevo las fotografías de Marcos, Christian y Leopoldo. Las más antiguas, que ya reconozco. La más recientes, todos tienen un aspecto cansado y frágil. La madre de Marcos declara en una emisora radial y escucho su voz temblar. Y me pregunto, como un país puede prosperar sin la esperanza de la probidad, sometido a la corrupción como única línea entre la incertidumbre y el temor. Y es que quizás, tanto Marcos, Christian como Leopoldo,  son símbolos de la represión judicial que el Gobierno utiliza como arma de guerra para reprimir las manifestaciones en su contra. Porque ya no nos referimos solo al hecho que en Venezuela suframos un ataque desmedido por parte de las fuerzas del estado al ejercer el legítimo derecho a opinar, sino que la ley se ha convertido en un arma de guerra. En una herramienta ideológica que permite al poder reprimir cualquier manifestación de disidencia. Y es que en Venezuela, el mayor crimen no es el asesinato, sino la libre disidencia, el hecho de contrariar las lineas generales de un Gobierno que se asume infalible y aún peor, justifica sus excesos con la ideología de la revancha.

Porque en Venezuela no hay justicia, sino una sistemática búsqueda de venganza legal que sustituye cualquier aspiración de equilibrio judicial. El país donde la verdadera arma es una sentencia, donde un juez recibe una llamada que puede decidir a puertas cerradas, el destino de un Venezolano. Un país donde los tribunales mercadean con el futuro de los ciudadanos y donde la aspiración por la paz parece desdibujarse en medio de una lucha ideológica sin otro sentido que el político y la auto preservación del poder por el poder.

Así estamos.

Esta es Venezuela.