Hace seis meses, León (no es nombre real) el tio de un buen amigo, fue herido durante un confuso incidente en una calle cercana al edificio donde vive. Un desconocido intentó asaltarlo y en medio del forcejeo, disparó. La bala virtualmente le pulverizó el hueso del antebrazo. El asaltante escapó. Por casi dos horas, el hombre de cincuenta y dos años permaneció tendido en el suelo, en mitad de una calle solitaria, hasta que un vecino llamó a una ambulancia y fue atendido. Cuando finalmente recibió atención médica, había sufrido un ataque cardíaco.
León sobrevivió a la agresión, pero jamás se recuperó por completo. Perdió la movilidad del brazo herido y su cuadro médico se agravó debido a su gravísima condición cardíaca, lo que ocasionó que no pudiera continuar trabajando como albañil de obra calificada. Además, tuvo que soportar amenazas debido a su decisión de denunciar el hecho violento que vivió. Una de sus hijas fue golpeada en plena calle y su mujer, fue perseguida por un hombre a bordo de una motocicleta que le gritó que “O se dejaban de ser sapos o los iban a matar a balazos”. Finalmente, León claudicó: retiró la denuncia y decidió abandonar el apartamento donde había vivido durante casi treinta años y la ciudad a la que llegó desde su nativa Portugal por temor. Lo hizo con la convicción que era la única manera de sobrevivir a la violencia sin nombre de una ciudad árida, amenazante. Lo hizo porque la ley fue incapaz de protegerlo. Lo hizo por comprender que en Venezuela la impunidad también es un arma que se empuña contra el ciudadano a diario. Lo hizo por temor.
El asesinato del diputado del PSUV Robert Serra desconcertó a buena parte del país, no sólo por tratarse de una notoria figura pública sino por lo que parecía ser un inusitado acto de violencia. A pocas horas de conocerse el hecho, Miguel Rodriguez Torres, Ministro de Interior y de Justicia, ofreció una corta rueda de prensa donde afirmó tener indicios “claros” que le conducirían a resolver el crimen en el “términos de horas”. Al mismo tiempo, los militantes del partido de Gobierno exigían a viva voz “justicia” mientras que buena parte de los lideres y ministros de la Revolución Chavista, condenaban el hecho, entre insultos y acusaciones sin fundamento. Lo que quedó claro, el mensaje más directo en medio del coro de voces que se levantaron debido al asesinato de Serra, es que quien fuera el culpable, la ley Venezolana lo persiguiría hasta las últimas consecuencias. Que todo el anquilosado aparato judicial del país, movería sus lamentables y envejecidos ejes para encontrar a los culpables de la muerte del diputado.
Luisa fue asaltada hace cuatro meses. Durante el asalto — a las puertas del edificio de oficinas donde trabaja — fue golpeada por tres hombres por negarse a entregar un smartphone de última generación que había comprado unos cuantos meses atrás. Los desconocidos no sólo le arrebataron el teléfono sino que además, le desfiguraron el rostro a golpes. Aún ahora, Luisa no ha podido recuperarse de sus heridas: debe realizarse una costosísima intervención de reconstrucción maxilar que actualmente no se realiza en el país y además, someterse a un largo tratamiento odontológico para recuperar las piezas dentales que perdió durante la agresión. Por ahora, pasa los días recluída al cuidado de su madre, incapaz de volver a su trabajo, sobreviviendo gracias a sus escasos ahorros y aterrorizada por lo que pueda suceder. El policia que le tomó la denuncia luego de lo ocurrido le advirtió que era “muy probable no pudieran encontrar a los responsables” y que “era mejor olvidara el tema”. Pero Luisa no puede olvidarlo: sufre de dolores paralizantes que la agobian a toda hora, de pesadillas recurrentes y tiene una enorme cicatriz en la mejilla derecha que le recuerda a diario lo que vivió. Para Luisa, la justicia Venezolana es una estafa, es una nueva agresión sobre la agresión que sufrió, otro temor que afrontar en medio de una situación personal insostenible.
Pocos horas después que la noticia de la muerte de Robert Serra se divulgó, el Ministerio público aseguró que un “equipo especializado de investigadores” estaba a cargo del suceso. Los medios de comunicación mostraron imágenes de una considerable cantidad de funcionarios públicos rodeando la vivienda del difunto diputado, así como una nutrida representación de diferentes cuerpos de seguridad del país, que según lo anunciado, se avocaron a la recolección de cualquier tipo de indicio sobre el crimen. Además, la gran mayoría de los Ministros se aseguraron de dejar en claro en cada de sus declaraciones que el crimen del diputado Serra era de “máxima prioridad” y que todo el peso de la ley recaería sobre el asesino. La justicia inmediata, con sabor a venganza. Esa justicia de los juicios a priori, del puño alzado en la consigna. De la acusación infundada. De la rabia y la diatriba del resentimiento.
A Pablo (no es su nombre real) le dispararon cuando trotaba en la Vega, Caracas. Le dispararon porque el celular que llevaba no era “caro” o así lo aseguraron varios de los vecinos que le socorrieron, al encontrarle herido en el pecho unos minutos después. Pablo no sobrevivió: murió dos horas después en un Hospital de la ciudad, el único donde le aceptaron por ser victima de un hecho de violencia. Pablo, estudiante de Informática, padre de una niña, tenía veintisiete años al morir.
Durante tres días, el cuerpo de Pablo estuvo en la Morgue de Bello Monte, sin que su familia pudiera hacer otra cosa que esperar se completara el largo y burocrático trámite que les permitiría recibir el cadáver. Cuando finalmente fue entregado a sus deudos, descubrieron que la larguísima agonía de la Violencia en Venezuela no había hecho otra cosa que empezar. Debido a la escasez de divisas, varias funerarias de la Capital explicaron que no disponían de féretros para el cadáver. De manera que la esposa y los padre de Pablo, en medio del dolor de una tragedia mínimo, debieron comenzar un largo periplo en busca de un ataúd. Lograron adquirirlo catorce horas después: para entonces, la funeraria les advirtió que debido a las condiciones del cuerpo de Pablo, no podían aceptarlo. Por último, Pablo fue sepultado, en un improvisado sepelio en una tumba discreta.
Los restos mortales del Diputado Robert Serra están siendo velados en capilla ardiente en los espacios de la Asamblea Nacional. Desde el presidente Maduro hasta donde el tren ejecutivo, han visitado el velatorio para expresar sus condolencias, su apoyo a los deudos que sobreviven al diputado. Además, fueron declarados tres días de luto en su memoria. Se le adjudico la Orden post mortem Libertadores y Libertadoras de Venezuela para homenajear su memoria. En una corta cadena de radio y televisión, el Presidente Nicolás Maduro declaró que todo el pueblo de Venezuela lamentaba la perdida del diputado por ser “uno de los más destacados líderes de la generación de oro del sueño libertario de nuestro comandante Chávez”. Destacó además, toda la trayectoria política de Serra y expresó que el asesinato de Serra ha sido una de las pruebas más difíciles a la que había tenido que enfrentarse como “líder de la Revolución”. Por último insistió en que las investigaciones han avanzado, “las evidencias criminalísticas están alineadas para identificar a los autores materiales” (…) “Después de haber hablado con Rodríguez Torres, creo que estamos cerca de dar un fuerte golpe a esta banda de criminales y sicarios”. De nuevo, la visión de la ley desde la perspectiva de la ideología y el discurso reivindicativo. La ley que admite su falibilidad y además, su rostro parcializado. La ley del poderoso.
León ahora vive en una modesta casa de una ciudad satélite de Caracas, sobreviviendo gracias al trabajo de su mujer y de su hija mayor. Continúa sin poder utilizar el brazo herido y duda que lo haga en el futuro. Pero admite, casi con sencillez “que al menos está vivo porque pudo ser peor”. Lo mismo dice Luisa, que finalmente pudo practicarse la intervención quirurgica que necesitaba y poco a poco, se recupera de sus dolencias. “Estoy viva y eso en Venezuela es suficiente”.
Para los parientes de Pablo, la vida cambió para siempre. Dentro de unas pocas semanas, su viuda abandonará el país. “Venezuela es una cicatriz que nunca se me va a curar” sentencia. Lo hace, mientras termina de cerrar una de las últimas cajas con las pocas pertenencias que llevará. Lo hace con esa discreta amargura del sobreviviente. Para ella y su familia, la tragedia es parte de lo cotidiano, del paisaje de todos los días. Una visión de la Venezuela indolente.
El país de las víctimas sin rostro. La violencia vendida al mejor postor.
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