Hanna Arendt habló sobre la banalidad el mal luego de asistir a los juicios de Nuremberg y descubrir que la impunidad de la gran mayoría de los asesinos del Tercer Reich se justificó como “cumplimiento del deber”. Sus artículos Eichmann en Jerusalén: informe sobre la banalidad del mal, publicados en 1962 en la revista The New Yorker, analizan no sólo la manera como los diversos funcionarios del Estado Alemán utilizaron la ley como herramienta para asesinar, sino que además se escudaron en el entramado legal para encubrir su responsabilidad. Pero más allá de eso, sólo eran hombres que insistían en obedecer ordenes, que aseguraban con enorme frecuencia que todos los asesinatos cometidos durante el régimen Nazi habían obedecido a un mandato legal.
Pienso en las conclusiones de Arendt mientras leo la resolución 008610 del Ministerio de Defensa, publicada el martes 27 enero de 2015 y que de pronto, convierte el Terrorismo de Estado en un supuesto legal válido, permisible y que excusa de responsabilidad a los funcionarios que ejerzan la violencia como recurso para imponer — nunca mejor utilizada la palabra — el orden y la legitimidad de las instituciones. La gaceta, que además analiza de manera sucinta, desordenada y por completo carente de coherencia ideas sobre Fascismo y uso de la fuerza, establece un nuevo modelo de control militar, que insiste será legal el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal”, como recurso e instrumento válido “evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”.
¿Hasta que punto somos conscientes que el Estado Venezolano acaba de brindar rango de ley a la agresión debida? me digo. Durante las protestas del año 2014, la mayoría de las victimas que sufrieron la violencia de funcionarios del estado, aún continúan sin recibir justicia. Siguen siendo una estadística en medio de las cifras cada vez más preocupantes sobre la impunidad, el abuso de poder, el uso excesivo de la fuerza, directamente el asesinato amparado bajo el poder ideológico. ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Que pasará cuando la nueva normativa que la resolución 008610 impone construya una nueva interpretación sobre lo que es la protesta y los medios de defensa? Hablamos que el Gobierno exculpa a los funcionarios de origen, que les confiere el derecho de matar en nombre del Estado, de enfrentarse al ciudadano con la potestad de asesinar. ¿Que pasará a partir de ahora cuando las protestas sean consideradas amenazas por el mero hecho de existir? ¿Qué consecuencias inmediatas y que implicaciones tiene el hecho que matar por razones políticas se haya convertido en un hecho legal? ¿Cuales son los verdaderos alcances de una resolución que deja muy claro que el poder militar tiene la potestad de no sólo desobedecer la constitución nacional sino además, de defender al régimen en ejercicio por medio de las armas?
El pensamiento me produce un tipo de miedo que pocas veces he sentido. Pienso en todas las ocasiones en que manifesté pancarta en mano, en que recorrí calles y avenidas coreando consignas. De todas las veces que grité enfurecida insultos insustanciales a los funcionarios que custodiaban la calle y me dedicaban miradas de indiferencia. Como en la ocasión en que levanté mi cámara y fotografié a la cara a un Guardia Nacional y este me propinó un empujón que me arrojó al suelo. Como en la oportunidad en que un funcionario con un uniforme que no reconocí levantó su arma y me apuntó directamente a la cara por mostrarle una pancarta donde le exigía respeto a la ley. O en todas las veces que mis vecinos han recorrido la calle cacerola en mano, gritando a todo pulmón, inocentes y torpes, intentando manifestar su descontento. ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Nos considerarán objetivo de Guerra? ¿Nos llamarán simplemente “provocadores”? ¿Finalmente se institucionaliza el hecho que el “delito” de la opinión merece una bala? ¿La pena de muerte por oposición a la ideología gubernamental es ahora en más un supuesto válido dentro de la legislación Venezolana?
Hace un año, a Geraldine Moreno le dispararon a quemarropa en el rostro a unos cuantos metros de la puerta de su casa, por manifestar. El funcionario de la Guardia Nacional la arrojó al suelo y la agredió de manera directa, sin mediar palabra, sin otro motivo que castigarla por manifestar en la vía pública con una cacerola entre las manos. ¿Qué ocurrirá ahora que la agresión es judicialmente aceptable, viable e incluso un mandato de ley? ¿Con que escenario se encontrará el ciudadano que intente ejercer su derecho a la opinión? ¿La muerte de Geraldine Moreno será considerada legal por el mero hecho de representar “una agresión” contra lo que se considera las autoridades legitimas?
El mismo día que Geraldine Moreno fueherida de muerte en Valencia, yo me ocultaba de grupo de motorizados que disparaban al aire para amedrentar a los vecinos que manifestabamos en la calle donde vivo. Me oculté detrás de una pared y escuché a los desconocidos vitorear consignas chavistas y llamarnos “pendejos escuálidos”. Unos pocos minutos después, un grupo de Guardias Nacionales llegó a la zona y nos amenazó con “plomo” si continuábamos provocando y propiciando el “desorden”. ¿Qué debo esperar ahora? ¿Que en lugar de un insulto y una amenaza medio disimulada me disparan por el mero hecho de considerarme una amenaza? ¿Que podré ser agredida y probablemente asesinada por el mero hecho de resultar incómoda, amenazante para lo que se llama de manera general y sin ningún tipo de especificaciones “La paz” publica?
El 19 de Febrero de 2014, Génesis Carmona manifestaba cuando fue herida en la cabeza por una bala perdida. Génesis no se encontraba provocando a ningún funcionario público, pero su protesta, el mismo hecho de participar en una manifestación callejera podría considerarse una amenaza. Horas antes, el gobernador del Estado Carabobo Francisco Ameliach, había hablado sobre “una ofensiva fulminante” contra los manifestantes, lo que se tradujo como un ataque directo de colectivos identificados con el Gobierno y funcionarios de la fuerza pública. ¿Génesis Carmona sería considerada ahora parte de un supuesto legal tan amplio como violatorio de la constitución que la convierte en culpable antes que victima? ¿Cómo puede comprenderse una resolución que no sólo contradice el derecho a la vida consagrado en la constitución sino que además, convierte a todos las posibles victimas en culpables inmediatos?
El ingeniero José Alejandro Marquez se encontraba a escasos metros del edificio donde vivía la noche del 19 de febrero de 2014, cuando decidió grabar el ataque de la Guardia Nacional a manifestantes que protestaban en las cercanías. Una comisión de la GNB llegó al lugar y le exigió que le entregara su teléfono celular con el cual estaba grabando lo que ocurría en la calle. José Alejandro se negó a hacerlo y cuando intentó huir, dos funcionarios de la GNB le dispararon y aunque no le hirieron, provocaron que cayera al suelo, donde se golpeó la cabeza contra el pavimento. Luego fue golpeado por el grupo de efectivos, uno de los cuales sustrajo el teléfono donde se encontraba la grabación de la escena. Por último, fue trasladado en una patrulla al hospital Vargas, donde ingresó brutalmente golpeado y en estado de coma. Dos días después, José Alejandro Marquez murió debido a las heridas cerebrales sufridas durante el ataque.
¿La muerte del ingeniero Marquez sería considerada ahora legal? ¿De qué podría acusarsele bajo la nueva regulación que especifica el uso de fuerza mortal contra quienes “amenacen” a las “autoridades” legitimas? ¿Qué puede ocurrir ahora cuando un ciudadano se resista a cualquier tipo de orden y exigencia no constitucional de un funcionario uniformado? ¿Se considerará en rebeldía? ¿En plena amenaza a las instituciones? ¿Merecerá la muerte por eso?
El 12 de Febrero de 2014 y luego de finalizada la llamada “marcha de la Juventud” comenzaron a ocurrir varios hechos violentos en varios puntos del Centro de la ciudad. Un grupo de funcionarios de la GNB y del SEBIN comenzaron a disparar a los manifestantes que corrían por la avenida Este 2 cruza con la avenida Sur 11 en la Candelaria. La calles de la zona son angostas, lo que obligó a la multitud a huir en todas direcciones y a retroceder. Cuando los disparos arrecieraron, Bassil Da Costa, que acudía por primera vez a una marcha, que se encontraba desarmado y cuyo único delito fue manifestar, cayó al suelo herido en la cabeza. Murió poco después.
Resulta escalofriante analizar las circunstancias del asesinato de Bassil Da Costa, bajo la interpretación de la resolución más reciente del Ministerio de Defensa. Resulta inquietante, asumir que para el Estado la muerte de Bassil sería no admisible sino también justificable, por considerarsele una amenaza. Un muchacho que corría en una calle angosta, aterrorizado, a ciegas. Asesinado por las armas de los funcionarios de la república cuyo único cometido debería ser la defensa de la integridad física del ciudadano. No obstante, el Gobierno ahora justifica no sólo su muerte, sino todas las que vinieron después, las futuras, las posibles, las que se temen, la incertidumbre de la victima por el delito de su opinión, bajo la única percepción de la amenaza. De la visión del ciudadano que se convierte en objetivo del asesinato legal y en símbolo de una ideología que arremete contra la oposición moral e intelectual a través del recurso de las armas. Una idea escalofriante, que transforma al Estado Venezolano en juez y verdugo de un supuesto judicial inadmisible y sobre todo peligroso. De gravísimas consecuencias.
Vivo a escasas cuadras de la Comandancia de la Guardia Nacional. Mientras camino por la calle, seis funcionarios uniformados de verde oliva conversan en voz alta, sosteniendo sus armas de reglamentos con descuido. Los observo y de pronto comprendo, que el militar Venezolano ya no se encuentra al servicio del país, mucho menos esa noción abstracta sobre lo Nacional y la identidad del gentilicio. De pronto, tengo la inquietante certeza que la única lealtad de este ejercito que enarbola las armas con tanta indiferencia, es la defensa de una ideología, del supuesto legado histórico de un líder carismático que se utiliza como justificación para la violencia. Los contemplo, mientras atraviesan la calle donde vivo en una pequeña formación. Uno de ellos apunta el arma al suelo, mientras un transeúnte se aleja con un gesto nervioso. Y todos ríen, el pequeño grupo de funcionarios armados, trajeados con lo símbolos no del país de la revolución. La idea me resulta inquietante, insoportable, abrumadora.
Para Hanna Arendt, el mal era banal, una justificación, una idea abstracta. Me pregunto si en la Venezuela del 2015 el mal tiene el rostro de la diatriba falsa, la superficial. De la ideología del absurdo de una Revolución fragmentada, sin rostro, que se desploma por su propio peso y que finalmente asume la violencia como una identidad debida — inevitable — en la lucha por perpetuarse en el poder.
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