Ayer, hice el siguiente comentario en la red social de Microblogging Twitter: "Maduro asiste al funeral de quien fue preso político por 27 años, mientras Simonovis no recibe medida humanitaria. Clara la ironía ¿no?" y de inmediato, recibí la siguiente respuesta: "La ignorancia es gratuita, pero imposible que pueda comparar ambos personajes". Me quedé sorprendida no solo por la evidente ignorancia sobre leyes del anónimo interlocutor, sino además, por el hecho que demuestra que en Venezuela, los conceptos de justicia y venganza, terminaron por confundirse. Y es que en nuestro país, el sistema legal se transformó en una idea que parece complacer la ideología en lugar de la justicia y que además, parece tener un sesgo peligrosamente revanchista. La ley para ejercer el poder como arma y como idea de retaliación.
Un pensamiento que inquieta, por supuesto. Sobre todo en una sociedad donde la política lo abarca todo y además convierte cualquier tema nacional en una amarga discusión. Y es que el ámbito legal no escapa a esa interpretación de la ventaja y la venganza reinvidicatoria que la revolución Bolivariana insiste en asumir como parte de su política de estado. Una y otra vez, Venezuela se debate entre la ilegalidad y lo supralegal, bajo el puño del poder político. Una y otra vez Venezuela se mira así misma como una interminable diatriba donde lo moral y lo ético carecen de verdadera importancia.
Asombra además, que esta noción de la ley como expresión - y opinión - de los intereses del Gobierno del gobierno de turno haya calado tan profundamente en la cultura que ya se considera inevitable. Hace poco, entable una discusión con alguien que me insistió una y otra vez, que la justicia "debe coincidir" con la "noción del poder del pueblo".
No me extrañó escuchar una opinión semejante de mi amigo O., declarado socialista y convencido que la política y la cultura popular pueden ser una sola cosa. Lo que sí me desconcertó es que su visión de la justicia y la legalidad rozaran peligrosamente los limites de la venganza, algo que se apresuró a negar casi con sorpresa.
- No hablo de Venganza, me refiero a que la ley no es objetiva: es una visión de la sociedad a la que rige - insistió - no puedes hablar de una ley ecuánime. Y quien lo haga, peca de inocente o hipócrita.
Me aterrorizó esa visión pragmática de las cosas. Cuando ambos cursabamos la licenciatura de derecho, hará casi una década y poco más, discutimos hasta la saciedad la idea de la ley racional divorciada de la pasión. Ambos parecíamos estar de acuerdo que la legalidad debía de carecer de color político y legal, y sobre todo de opinión. La ley castiga, se toma venganza y ese ese principio del Imperio de la Ley como origen de todo orden social, lo que siempre consideramos indispensable para la paz y el equilibrio de poderes en cualquier país. Por supuesto, eso ocurrió antes que Hugo Chavez perfeccionara el uso de lo legal como expresión política y sustituyera la idea de la Justicia por la de retaliación, la agresión moral al reo y lo que es mucho más grave: el uso del entramado legal venezolano como forma de lucha ideológica.
- Es decir que te parece aceptable que la ley en Venezuela tenga cariz partidista - insisto. O. sonríe, entre incómodo y jactancioso. Sé que durante el último año se ha vuelto un activista político que defiende la idea de la "Revolución" legal, esa percepción de la administración de justicia como parte del poder del "pueblo". Pero ¿Quién es el pueblo? ¿A quien representa ese término tan abstracto como amplio, carente de sentido real? ¿Qué excusa política supone insistir en esa figura que sustituye al ciudadano efectivo?
- La Ley debe asumir su responsabilidad frente a los tiempos que corren - insiste - y es esa visión la que anima a la Justicia Revolucionaria.
Cuando lo dice, tengo una imagen clara: los pelotones de fusilamiento en Cuba, muy poco tiempo después que la Revolución comandada por Fidel Castro tomara el poder. Recuerdo las fotografias que he visto y sobre todo, la sensación de horror que me produjeron. La justicia al servicio de las mayorías desposeidas, del "pueblo" por supuesto, o lo que parece ser lo mismo en tiempos de transformaciones políticas, del lider de turno. Se lo digo y O. chasquea la lengua, irritado.
- Eso es excesivo.
- Esa es la cultura de la revolución y la justicia con tinte ideológico.
- Venezuela siempre fue legalmente corrupta - me responde - ¿O es que no recuerdas las Tribus adecas y copeyanas?
- ¿No era la idea de la revolución Bolivariana reconstruir un sistema caduco y asegurar la equidad?
O. suspira y sé lo que me dirá. Lo sé por la manera como frunce los labios, impaciente o la forma como sacude levemente la cabeza. Lo sé, por la mirada casi condescedenciente que me dedica. Nos separan quince años de luchas políticas, dos formas de pensamiento y sobre todo dos percepciones de la realidad. Nos separa el radicalismo del discurso y la ideología. Nos separa la política.
- En Venezuela la equidad, por ahora, es roja.
- Como el color de la sangre - digo.
- Que es el mismo de la revolución.
¿Que respondes a una frase semejante? Cuando nos despedimos, me pregunto hasta que punto el Venezolano olvidó la magestad de la ley, esa percepción de lo legal como protección y como construcción de un orden cultural benévolo. Y luego me cuestiono si alguna vez lo hemos tenido, en realidad. Si esta ley Revolucionaria, que insiste en brindar venganza publica como forma de equidad social, es la versión de algo más arraigado en la psiquis del Venezolano y directamente relacionado con esa visión nuestra que la justicia y lo legal tienen más que un objetivo, un motivo. Un planteamiento preocupante pero tan real que me produce escalofríos analizarlo a una distancia prudencial.
De la tribus adecas a Simonovis: La ley como prebenda política.
Durante los años ochenta y la bonanza Petrolera, la democracia Venezolana aparentemente gozaba de buena salud. O al menos, esa es la visión popular que idealiza a un país que comenzaba a disfrutar de una subita riqueza saudita y se re interpretaba así mismo bajo toda una improbable visión de privilegio económico. Porque Venezuela pasó de ser un país eminentemente rural a una proyecto urbano a marchas forzadas: los petrodolares conviertieron a la Caracas discreta y aún con reminiscencias del siglo pasado ( a pesar de los esfuerzos de infraestructura de Marcos Perez Jimenez ) en una pujante capital que apenas se reconocía así misma. El planteamiento político también se transformó bajo la nueva prosperidad inesperada: de una serie de gobiernos autocráticos y el puño de hierro militar, la democracia Venezolana comenzó a reconocerse así misma, a pesar del bipartidismo y la visión clientelar de la política. Más allá, la política sin discurso pero ambiciosa sustituyó la eficiencia y la consecuencia inmediata fue un país rico que se empobrecía rapidamente. Y por supuesto, un sistema de justicia que se resquebrajó bajo la corrupción.
Porque la justicia parcial, tramposa, corrupta y burocrática Venezolana no es un fenómeno reciente. Lo que sí lo es, es el rasgo eminentemente ideológico, la visible admisión que la ley solo favorece a una tolda política y lo que es aún peor, solo a una parte de la población. La justicia Venezolana se transformó de un aparato partidista que además, ejerce las funciones de justicia con una intención concreta: Castigar al disidente. Jueces, funcionarios públicos y fiscales parecen estar al servicio no de la necesidad de impartir justicia como parte de la idea del equilibrio social, sino para demostrar el poder de más fuerte. Una batalla ideológica que está transformando el entramado legal Venezolano en una especie de patibulo improvisado donde se condena, sin formula de juicio y mucho menos, una visión moral desprovista del sesgo tanto al imputado como la victima.
Un ejemplo preocupante de lo que menciono es el caso de Ivan Simonovis. Durante los últimos meses, el oficialismo ha debatido una y otra vez el motivo por el cual debe recibir medidas humanitarias un condenado por crímenes "contra la Patria". Un concepto que asombra y desconcierta porque deja bastante claro que en Venezuela la ley no solo se desconoce sino que además se ignora: La mayoría de los comentarios que he leído al respecto de las medidas y beneficios legales para Simonovis tienen una inmediata relación con la percepción política que se tiene de sus crimenes: se insiste en su culpabilidad, se reitera en que atentó "contra la paz de la república". E inquieta el hecho que no solo se desconozca que lo legal está exento de todo juicio político o emocional, sino que además lo que aquí se discute no es los crímenes que se le imputan, sino la ley que ampara a todo ciudadano, sea cual sea su condición social. Porque Simonovis, al margen de los crímenes por los cuales se le acusa - que es motivo de otra discusión - es ciudadano de este país. Y la ley lo protege, de la misma manera como protege al inocente, a la victima, al que recurre a la justicia con el derecho que le asiste llamarse Venezolano. Simonovis no está solicitando se le conmuten los cargos, ni mucho menos se está debatiendo sobre su culpabilidad, sino que exige lo que por ley le corresponde. De la misma manera que le correspondió al difundo Edmundo Chirinos - asesino de una mujer venezolana - y que fue favorecido por una medida que le permitió cuidar de su salud cuando así lo solicitó. ¿Se debe Merecer una medida humanitaria? Una idea grotesca, una idea que contradice la idea legal que asegura e insiste que todo ciudadano merece que el Estado vele por su salud e integridad. Hablamos además del tenor revanchista de esa idea que alguien debe “merecer” un beneficio legal. La ley no busca revanchas, la ley es objetiva, fría. Es el arbitro que administra legalidad y procura que cada ciudadano reciba lo que le corresponde bajo el amparo de un equilibrio de poderes. O así debería de ser, al menos. Pero en Venezuela se debate si Simonovis puede aspirar a una medida humanitaria, como si los derechos humanos fueran comerciables y estuvieran sujetos a interpretación.
Lo peor, es que la idea ha calado hondo. La he escuchado debatiendose entre hombres que apoyan esta revolución supuestamente “humanista”, los mismos que se muestran extrañamente tolerantes con criminales que comulgan con su ideología. Inquieta, la idea de la ley bajo el auspicio del poder, la ley que se adjudica al más fuerte, que actúa como brazo ejecutor de la opinión política. Una venganza directa, sostenida por un sistema legal corrupto y que adolece de lo minimo que se puede exigir de un estado de derecho: Equidad.
Y más allá de todo el debate que suscita las peticiones legales de Simonovis en una sociedad que olvidó el sentido real de la justicia, subyace un peligroso concepto que se extiende no solo a jueces y abogados, sino a la sociedad en general: La justicia tiene un coste político. La misma idea que hace que se desmorone la legalidad como columna vertebral de la sociedad que se mira así misma como parte de una reconstrucción política y además, se asuma como victima de un sistema de justicia ineficaz. La ley como visión de lo circunstancial de la ideología y de quien en la ejerce en un momento circunstancial.
Veo las imágenes del funeral de Nelson Mandela - reo de conciencia por casi 27 años - y me pregunto, casi con tristeza, como superó Sudáfrica la noción de justicia como arma política. Imagino al lider, que durante 27 años fue considerado un criminal por leyes sesgadas y elaboradas para el beneficio de una porción de la sociedad, meditando sobre la manera de encontrar esa visión legal que exprese el poder de la ley sobre el prejuicio. Y quizás fue esa lucha interna, esa visión del país como circunstancia, como hecho moral y sobre todo, visión de futuro, lo que hizo que Nelson Mandela comprendiera el valor de la ley como elemento unificador y no destructor del discurso político.
Una manera de asumir el planteamiento de país como una construcción social común y no del prejucio.
0 comentarios:
Publicar un comentario