El país de los Obedientes.

Hace unos días, mi amiga H. me comentó que en la Institución pública donde trabaja, le habían exigido firmar una carta contra Barack Obama. En la hoja, podía leerse lo que llamó “un panfleto ideológico barato y cursi” y además, una especie de resumen sin mucho sentido sobre los últimos enfrentamientos entre el gobierno Venezolano y el norteamericano. Cuando le pregunté como había reaccionado antes una petición de esa indole, me miró sorprendida.

— ¿Cómo voy a reaccionar? Firmé — me respondió. Me asombró su resignación. — Me acabas de decir que no estás de acuerdo ni con la forma ni el contenido de la petición.
— Pero debía firmar. De no hacerlo, podría terminar saliendo de la mano del vigilante de seguridad.

Suspiré. Durante los últimos cuatro o cinco años, hemos sostenido discusiones parecidas. Sobre todo, en lo tocante al hecho que H. no sólo crítica sino que no apoya la gran mayoría de las actuaciones y decisiones del gobierno Venezolano pero aún así, continúa asistiendo a concentraciones y sobre todo, procurando disimular lo mejor que puede su parecer político. Cuando le pregunto si la actitud le parece saludable — incluso, sincera — la notó incómoda, abrumada, como otras tantas veces en el pasado.

— No es tan sencillo creer en ideales cuando necesitas tu trabajo — me explica — cuando esa necesidad juega en tu contra y sobre todo, restringe lo que puedes o no hacer no sólo como empleada sino como ciudadano. — Creo que me preocupa es el hecho que admitas existe manipulación y te parezca natural que la haya — le insisto — en otras palabras, la sufres y la justificas. — No la justifico, es un hecho. — Pero la aceptas. — No tengo otro remedio.

Con frecuencia, nuestras discusiones nos llevan a debatir tópicos particularmente incómodos: Para H. el Gobierno ejerce el control que se supone le permite el hecho de ser su empleador, como si se tratara de una especie de interpretación retorcida sobre el vinculo laboral. También, insiste que trabajar para la administración pública la convierte no sólo en militante a pesar de sus objecciones, sino que la obliga a apoyar ciertas acciones, aunque contradigan sus principios políticos e incluso, morales. Cuando le cuestiono acerca de esa preocupante interpretación del tema, se encoge de hombros.

— En la empresa privada también existe algún punto de presión y obligación: la identificación con la marca y sobre todo, la manera como asumes tu responsabilidad para con la empresa, es en parte un pacto de silencio entre quien te emplea y tu lugar como empleado — dice — ¿No es lo mismo en el Gobierno? ¿No funciona de la misma manera?

Cuando Hugo Chavez llegó al poder en el año ‘99, el número de Ministerios y empresas que dependían directamente del Estado era relativamente pequeño, a pesar que se acusó a la democracia bipardista de aumentar el tamaño del Estado artificialmente. En previsión de restringir el gasto público y además asegurarse que la burocracía tuviera límites legales que evitaran su crecimiento, Chavez firma en 1999 la llamada “Ley Orgánica de Administrativa Central” que estaba en el artículo 39 y de manera muy directa, que sólo habrá catorce ministerios en su gobierno. Un número que además, parecía reformular el Estado bajo una concepción mucho más eficiente de lo que hasta entonces había sido. Para Chavez, el creciente número de empleados públicos y empresas estadales no sólo desbalanceaba el equilibrio de poder entre el poder ciudadano y el político, sino que además atentaba directamente contra la economía del país. Por casi dos años, el número de Ministerio se mantuvo bajo el supuesto legal pero poco después, Chavez consideró que debía ser aumentado así como también, las empresas e Instituciones directamente dependientes del Estado.

Dos décadas y media después, el número de Ministerios alcanzó los treinta y dos, con o sin cartera, a los que hay añadir toda una serie Vicepresidencias con su respectiva nómina de empleados, de dudosas atribuciones administrativas. Además, hay que sumar también nuevos Viceministerios con denominaciones novedosas como el Viceministerio “del poder Popular para la Suprema Felicidad”, cuyos objetivos son no sólo poco claros sino además, sin una verdadera definición legal. En otras palabras, el aparato administrativo no sólo multiplicó su tamaño — y su peso económico — sino que además, se convirtió al Gobierno en el primer empleador en un país con elevadísimos indices de desempleo. Más preocupante aún, el Gobierno de Hugo Chavez se caracterizó por atacar y reducir el tamaño de la empresa privada con controles, expropiaciones y confiscaciones, hasta reducir el sector a una fracción del tamaño que había tenido durante la llamada “cuarta república”. A todo esto hay que añadir que Chavez, nacionalizó empresas básicas bajo la abstracta excusa de “seguridad Nacional” y absorbiendo además sus proveedores, enlaces comerciales y líneas de distribución.

Lo anterior podría resultar preocupante aunque no especialmente significativo en un país con un ingrediente económico menos insiste que en Venezuela, pero en nuestro país, equivalió a convertir la nómina del Estado en un gran partido político, con un considerable número de ciudadanos que deben acatar y obedecer todo tipo de decisiones políticas para salvaguardar su lugar de trabajo. Pero más allá de eso, hay un firme, sostenido y profundo adoctrinamiento que convierte al empleado público Venezolano no sólo en un hombre a la medida de lo que la revolución necesita, sino lo que resulta mucho más grave, en una multitudinaria fuerza de trabajo con una filiación ideológica muy definida. Ya no se trata de un vínculo de trabajo sino también de una manifestación política por derecho propio y lo que es aún más inquietante: una maquinaria construída para satisfacer el apetito del Estado por la obediencia debida.

Mi amiga comienza a sacudir la cabeza incluso antes que haya terminado de argumentar lo anterior. Levanta las manos, como si lo que le planteo le ofendiera o incluso le resultara incomprensible.

— No se trata de la manera como el Gobierno asume la participación política, porque no hay gobierno inocente y eso lo sabes — argumenta — lo que hace la relación entre empleado público y Estado tan cargada de intención como en la empresa en la privada, es que estás cumpliendo con tu deber. Eres parte de todo, aunque lo apoyes y no. Se te exige en consecuencia.

La escucho, un poco alarmada. Hace unos dos años, me había hablado de lo humillante e incómodo que resultaba la obligación de participar en manifestaciones callejeras, bajo firma y amenaza de despido. Después, me habló sobre la campaña de terror que se extendió por todas las oficinas públicas del país luego de las elecciones Presidenciales en las que triunfó Nicolas Maduro. De hecho, H. fue una de las que sufrió el asedio de un grupo de delatores, que le acusaron de “escualida” y que casi provocan su despido. Se le obligó a aceptar un permiso no remunerado durante dos semanas y cuando volvió, descubrió que había sido una empleada que no sólo la sustituyó durante su ausencia sino que tenía ordenes de “vigilarla”. Por razones que aún no comprendo, mi amiga aceptó las condiciones y continúo trabajando. Me asegura que la tensión disminuyó y que sin duda, el “ambiente de trabajo” ha mejorado lo suficiente como para que la mayoría de sus compañeros “olvide” tuvo algún encontronazo ideológico con el gobierno.

— En otras palabras, estás aceptando condiciones de trabajo complejas y represivas, y a pesar de eso, consideras que debías disculparte por algún motivo — le digo — ¿Entiendes que es contra la ley que alguien te discrimine por tu filiación política, de tenerla? — No la tengo de hecho. — ¿Desde cuando?

Mi amiga no responde. Supongo que recuerda con tanta claridad como yo, las numerosas ocasiones en que marchó rechazando el Gobierno de Hugo Chavez Frías. Que de hecho, se encontraba en la trágica marcha del 11 de abril de 2002. Que incluso participó activamente en varias campañas políticas y que colaboró, de hecho y con opinión en varios debates en su urbanización sobre temas electorales y organización política opositora. Pero ahora, simplemente ese pasado de activismo no parece ser tan importante o mejor dicho, necesita ser disimulado, ocultado e incluso, directamente rechazado. Porque cuando H. comienza a explicarme las razones por las cuales ahora mismo no se identifica con ningún partido político, la primera objección es que no considera necesario hacer “pública” su opinión sobre lo que ocurre en el país.

— Hasta hace menos de dos años no sólo lo dejabas claro sino que ejercías tus derechos ciudadanos en consonancia — le recuerdo. Comienzo a sentirme francamente incomoda por la conversación que sostenemos, pero aún más, me pregunto si es de la misma manera para todos los empleados públicos. Si de la misma manera que H., todos han tomado una decisión muy concreta sobre su futuro laboral e incluso como parte de la situación del país y la decisión, se encuentra directamente relacionada con su bienestar laboral y algo más sutil que me cuesta admitir, pero que está allí: entre líneas y sugerido entre la larga explicación que intenta justificar su reciente discreción política. — No todo en el País se puede entender con respecto a lo que el gobierno te exige o lo que tu necesitas del Gobierno — me dice — te hablo que la mayoría de los Empleados públicos disfrutan de un buen sueldo, todo tipo de beneficios y compensaciones salariales. Te hablo de un estilo de vida que no puedes aspirar en otro lugar de trabajo actualmente. — Entonces todo se trata de dinero — le digo. Y no puedo ocultar mi irritación, mi preocupación. Quizás no quiero hacerlo. — No. Se trata de estabilidad. Necesito pensar que puedo conservar lo que tengo a pesar de todo lo que está sucediendo — me responde. Y lo hace con una calma que me deja desconcertante y entristecida — y lo hago, con toda la responsabilidad que eso implica. — ¿A que responsabilidad te refieres? — Trabajar en la administración pública Venezolana implica que asumas que formas parte de una idea política. ¿La comparto? No lo sé. ¿La asumo como parte del trabajo? No me queda más remedio. ¿Me molesta? Sólo a veces.

Hace dos años, H. fue obligada a marchar durante la última manifestación multitudinaria de la campaña presidencial de Hugo Chavez. Lo hizo, a pesar de sufrir una reciente operación quirurgica en el menisco derecho de su rodilla y tener dificultades para participar. Pero se le amenazó con el despido. Y recorrió la ruta, a pesar de los dolores y continuó en su puesto de trabajo aunque luego, la lesión se agravó. Cuando se lo recuerdo, hay un tenso silencio entre ambas, una especie de recriminación invisible que ella no sabe como contestar ni como yo, como evitar hacerla.

— Sí, sé que lo que ocurre te debe parecer monstruoso, pero es la realidad del país y mirar hacia otro lado no la hace más difícil, menos complicada o incluso, la disimula — me dice por último. Lo hace con un gesto levemente desafiante que de pronto, me indica muy a las claras que la conversación terminó o se encuentra muy cerca de hacerlo — y quiero que entiendas, no se trata que el Gobierno obliga: puedes escoger irte. — Pero no quieres. — ¿Por qué querría hacerlo?

Hace cuatro meses, H. viajó junto a su familia a París. Un viaje de dos semanas que incluyó varias pequeñas ciudades europeas. Un proyecto largamente aplazado desde su juventud que H. siempre insistió, deseaba realizar. En las fotografías, abraza a sus dos hijos pequeños frente a la Torre Eiffel con un gesto de felicidad casi infantil. Hace seis meses, adquirió un automovil con facilidades de pago, gracias a la nómina del Estado. Y pronto — o eso espera — logrará comprar un techo propio luego de años de espera. No hay mucho que decir sobre los motivos de H. para continuar en la Administración pública, para aceptar sus requisitos y exigencias e incluso la manipulación. Y no es tan tópico como parece, ni tampoco tan evidente como podría analizarse. Se trata quizás, de la idea más vieja de la humanidad, un planteamiento tan simple como humano: la supervivencia. Y su matiz más amplio, asumir la idea de la presión y la represión desde la ambiguedad del no enfrentamiento, de aceptar que la única posibilidad de sobrevivir es aceptar las condiciones y lidiar con ellas de la mejor manera posible.

— ¿Qué piensas sobre lo que ocurre en Venezuela? — le preguntó. Lo hago aunque debí que no debí hacerlo. Mi amiga no responde, se enfunda en su chaqueta, evita mirarme. Aguardo, porque sé que querrá responderme, porque incluso lo hará para zanjar la idea sobre el temor y la preocupación que antes compartimos y ahora nos separa. Cuando me mira, tiene una expresión cansada y severa. — Pienso que nada cambiará, por muy terrible que parezca, incluso si yo renuncio a mi trabajo, si salgo a marchar levantando puño y bandera.

Recuerdo a la mujer que caminó conmigo en la calle, con una pancarta de cartulina mal hecha. En la mujer que criticaba no sólo por miedo sino por responsabilidad. Pienso en todos los Venezolanos que ahora mismo, atravesamos el mismo camino, tomando decisiones distintas, pero todos presionados y golpeados por la realidad. Me pregunto si el secreto de todo régimen opresor es este: encontrar la grieta donde calzar la presión. Donde continuar forzando la brecha hasta empujarte en ella.

No lo sé, me digo mientras camino entre la multitud de transeúntes en una calle cualquiera. Mi amiga y yo nos despedimos con un saludo seco, formal. Dudo que la conversación — o cualquier otra — se repita. La veo alejarse y pienso que hay una distancia considerable entre lo que asumimos real y el ideal, entre lo que tenemos y asumimos como parte del país que creemos conocer. Y que preocupante es esa ilusión, casi fantasiosa, sobre el idealismo y los principios. O algo tan brumoso como una idea de identidad nacional.

No hay respuesta para ese planteamiento, me digo. O no al menos, una que yo pueda encontrar.

C’est la vie.